Por Diego 
La Unión Europea avanza hacia la aprobación de un nuevo Reglamento de Retornos que sustituirá a la actual Directiva de Retorno.
El objetivo declarado es aumentar la eficacia en la expulsión de personas en situación administrativa irregular y homogeneizar los procedimientos entre Estados miembros.
Sin embargo, desde organizaciones sociales como CEAR y otras entidades del tercer sector, esta propuesta está generando una fuerte preocupación por su impacto en los derechos fundamentales y en las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
¿Qué propone realmente el Reglamento?
El nuevo Reglamento de Retornos pretende establecer normas comunes directamente aplicables en todos los países de la Unión Europea, eliminando el margen de adaptación que actualmente permite la directiva.
Este cambio supone, en la práctica, un endurecimiento del enfoque migratorio, priorizando la ejecución de retornos frente a otras vías como la regularización o la integración.
Principales medidas bajo crítica
Procedimientos más rápidos con menos garantías
El reglamento plantea reducir plazos y limitar los recursos que pueden interponerse frente a una orden de retorno.
Desde el ámbito social y jurídico, esto genera una preocupación clara. Procedimientos más rápidos pueden traducirse en menos garantías, especialmente para personas con dificultades de acceso a asesoramiento legal o en situaciones de especial vulnerabilidad.
Refuerzo del internamiento
Se amplía el uso de centros de internamiento como herramienta para asegurar las expulsiones.
Diversas entidades advierten de que esta medida puede consolidar el internamiento como práctica habitual y no excepcional, con impacto directo en la salud mental, la dignidad y los derechos de las personas afectadas.
Menor peso de las alternativas de inclusión
El enfoque del reglamento prioriza el retorno frente a otras opciones, reduciendo en la práctica el peso de medidas como la regularización por arraigo u otras vías de inclusión social.
Esto implica un cambio de enfoque relevante, pasando de una lógica de integración a una lógica centrada en el control administrativo.
Externalización del control migratorio
El reglamento refuerza la presión sobre los países de origen para aceptar el retorno de sus nacionales, vinculando esta cooperación a políticas como la concesión de visados o acuerdos internacionales.
Este modelo ha sido criticado por trasladar el control migratorio fuera de las fronteras europeas, en ocasiones hacia países con menores garantías en materia de derechos humanos.
Impacto en la intervención social
Desde la práctica del trabajo social, estas medidas tienen consecuencias directas en la vida de las personas.
Muchas de las personas afectadas por procedimientos de retorno se encuentran en procesos de inserción social, con redes construidas, itinerarios laborales iniciados o situaciones personales complejas.
La aceleración de los retornos puede interrumpir estos procesos, dificultar el acompañamiento profesional y aumentar las situaciones de desprotección.
Además, limita los tiempos necesarios para una intervención social de calidad, reduciendo el margen de actuación de los profesionales.
Un modelo en debate
Organizaciones como CEAR vienen señalando que esta propuesta refuerza un modelo centrado en el control migratorio en detrimento de un enfoque basado en derechos.
Entre las principales preocupaciones destacan:
- Riesgo de devoluciones sin evaluación individual suficiente
- Dificultades reales para acceder a defensa jurídica efectiva
- Uso extensivo del internamiento
- Impacto desproporcionado en personas vulnerables
No se trata solo de una reforma técnica, sino de una decisión política sobre el modelo migratorio que quiere consolidar la Unión Europea. Una reforma que nos plantea una pregunta de fondo: si la gestión migratoria puede reforzarse sin debilitar los derechos fundamentales.