Por Diego 
El sector de la acción e intervención social atraviesa un momento decisivo. La negociación del III Convenio Estatal de Acción e Intervención Social marcará el futuro inmediato de decenas de miles de profesionales en todo el país. Hablamos del convenio marco más importante del sector, la base sobre la que se apoyan muchas otras negociaciones y que determina las condiciones de trabajo de quienes sostienen la atención a las personas más vulnerables.
Sin embargo, lo que debería ser una oportunidad para avanzar en derechos y dignidad está en riesgo de convertirse en un retroceso. La patronal se aferra a una postura inmovilista, ofreciendo subidas salariales insuficientes y rechazando propuestas básicas como la reducción de jornada o la equiparación de los sueldos al coste real de la vida.
Una negociación bloqueada
- Constitución de la mesa: En febrero de 2025 se abrió formalmente la negociación del III Convenio. UGT y CCOO presentaron sus propuestas iniciales de mejora de los primeros 24 artículos, orientadas a reforzar derechos básicos y actualizar el marco normativo.
- Ofertas insuficientes: La patronal plantea subidas salariales del 3 % anual como máximo, muy por debajo del IPC y de la pérdida acumulada de poder adquisitivo que arrastra el sector.
- Complementos pendientes: El convenio actual dejó sin redactar varios complementos clave (responsabilidad, coordinación, proyecto, turnos, dedicación, festivos especiales). El plazo para cerrarlos expira el 30 de noviembre de 2025, pero el riesgo es que queden sin desarrollo o se interpreten de la forma más restrictiva.
- Acuerdos parciales: Mientras no se cierra el marco estatal, se han firmado pactos territoriales como en Cataluña (subida del 3,5 % al salario base en 2025) o Navarra (2,7 % con reducción progresiva de jornada). Son pasos adelante, pero insuficientes y desiguales, que muestran la fragmentación del sector.
Lo que reclaman los trabajadores
Las reivindicaciones no son caprichos, son necesidades urgentes para sostener la misión social del sector:
- Salarios dignos y vinculados al coste de la vida
Hoy, los sueldos de intervención social apenas permiten sobrevivir. El precio de la vivienda ha subido más de un 15 % y la alimentación más de un 24 %, mientras las tablas salariales se han quedado muy por detrás. El nuevo convenio debe incluir cláusulas de revisión automática ligadas al IPC y superar de una vez los umbrales de pobreza. - Jornada laboral justa y humana
Ya en 2007 se reconoció como referencia la jornada de 37,5 horas semanales. Hoy seguimos pidiendo lo mismo: tiempo de calidad para vivir, descansar y cuidar, sin que ello suponga merma salarial. - Negociar hacia adelante, no hacia atrás
El convenio no puede convertirse en una herramienta de ingeniería para aplicar las peores condiciones. Necesitamos cláusulas de mantenimiento de derechos que garanticen que ningún convenio inferior pueda rebajar lo ya conquistado. - Reconocimiento de la responsabilidad profesional
La intervención social no es voluntarismo: es una profesión cualificada que exige responsabilidad, coordinación, trabajo en turnos, noches y festivos. Los complementos deben reflejar esa realidad, con cuantías claras, homogéneas y no absorbibles. - Estabilidad, conciliación y salud laboral
Luchar contra la precariedad implica limitar el abuso de contratos temporales, garantizar permisos y licencias amplias para cuidados y formación, y establecer políticas de prevención contra el estrés y el desgaste emocional que sufren quienes sostienen el cuidado de otros.
La dignidad no se negocia: se conquista
Si el convenio que salga de esta negociación no garantiza salarios que permitan vivir, condiciones dignas de jornada y complementos justos, será un marco vacío. Y un sector que sostiene a la sociedad en sus momentos más vulnerables no puede permitirse ese lujo.
Las entidades sociales viven de la confianza ciudadana, de las aportaciones de socios y donantes y de la financiación pública. Esa confianza se resquebraja si se mantiene a las plantillas en la precariedad, mientras se habla de valores y compromiso social. Quien cuida merece ser cuidado.
Movilización y futuro
Ante la intransigencia de la patronal, las organizaciones sindicales han advertido que no descartan medidas de presión y movilización. No se trata de un pulso corporativo, sino de una cuestión de justicia social: sin condiciones dignas para quienes trabajan en el sector, no habrá calidad ni sostenibilidad en la intervención social.
Estamos ante una encrucijada: o consolidamos un convenio que dignifique de verdad la profesión o se abre la puerta a décadas de precariedad y retrocesos.
Hoy más que nunca debemos recordar el principio básico: nos tienen que cuidar para que podamos cuidar.
La negociación está abierta. La dignidad no.