Por Diego 
Oxfam Intermón ha publicado la segunda edición de su encuesta Vivir la desigualdad 2025, un ejercicio de escucha a más de cuatro mil personas que pone el foco en cómo se siente y se padece la desigualdad en España hoy.
La novedad central es clara: la vivienda aparece por primera vez como la principal fuente de desigualdad percibida, por delante incluso de la economía, los salarios o el empleo.
Hallazgos clave del informe
- La ciudadanía señala la vivienda como primer factor de desigualdad. Entre las personas inquilinas, el setenta y tres por ciento declara sentirse directamente afectada por la crisis habitacional, frente al treinta y tres por ciento de las propietarias. Menos del quince por ciento de quienes no tienen vivienda en propiedad ve probable poder comprar una en el futuro.
- Aumenta la sensación de ascensor social roto. Más de la mitad cree que el origen pesa más que el mérito a la hora de progresar.
- La desigualdad se vive en el día a día a través de renuncias cotidianas y dificultades para llegar a fin de mes. Tres de cada diez personas afirman que sus ingresos no les permiten vivir con dignidad y más de un tercio declara necesitar un segundo empleo por razones económicas. El impacto es mayor en mujeres, jóvenes y personas racializadas.
Contexto que refuerza el diagnóstico
- La investigación social reciente confirma el papel central de la vivienda en la exclusión. Uno de cada cuatro hogares sufre problemas de vivienda y el desempleo empuja a la exclusión severa a más de la mitad de los hogares afectados.
- La Encuesta de Condiciones de Vida y análisis relacionados muestran que, incluso con empleo, los ingresos de muchos hogares siguen siendo insuficientes frente al coste de la vida y la carga del alquiler o la hipoteca.
- La vivienda afecta también al empleo. Estudios independientes estiman que abaratarla un treinta por ciento generaría cientos de miles de puestos de trabajo al liberar renta para consumo e inversión productiva.
Qué significa por territorios
El informe de Oxfam Intermón es estatal y mide percepciones, pero su lectura territorial sugiere patrones que ya vemos en los datos públicos.
Las áreas metropolitanas con alquiler tensionado concentran más sensación de bloqueo y renuncias. En provincias con salarios medios más bajos y mercado de alquiler escaso, el riesgo se traslada a la sobrecarga por hipoteca, a la precariedad de la vivienda disponible y a las mayores distancias para acceder a servicios.
Esta brecha urbano metropolitana frente a entornos semiurbanos y rurales se cruza con edad, género y origen, amplificando desigualdades en emancipación, cuidados y oportunidades.
Implicaciones para empleo e intervención social
- Crece el grupo de personas con empleo insuficiente que busca segundos trabajos o cambios sectoriales por renta disponible menguante. Es clave reforzar el acompañamiento a transición profesional, negociación de condiciones y búsqueda de empleos con jornadas y salarios dignos.
- Ante ingresos que no alcanzan, funcionan mejor acciones intensivas y focalizadas en competencias concretas con retorno rápido en empleabilidad y salario.
- La carga de cuidados limita formación y búsqueda activa, especialmente en mujeres jóvenes. Incorporar soluciones de apoyo y horarios compatibles evita abandonos.
- Dificultades para pagar o mantener vivienda condicionan puntualidad, disponibilidad y salud mental. Conviene integrar derivación ágil a recursos de vivienda y ayudas, junto a mediación con propietarios y servicios sociales.
- Las renuncias sanitarias o dentales por coste impactan en empleabilidad y permanencia. Trabajar alianzas con recursos comunitarios y circuitos de bajo coste reduce bajas y abandonos formativos.
Qué pueden hacer administraciones y Tercer Sector
- Incrementar el parque de vivienda asequible, movilizar vivienda vacía, fortalecer ayudas al alquiler y aplicar medidas en zonas tensionadas. El objetivo es reducir el peso de la vivienda en el presupuesto familiar y en la desigualdad percibida.
- Impulsar salarios suficientes y estabilidad laboral, junto con formación corta y certificable para lograr subidas salariales rápidas.
- Aprovechar el respaldo social a una fiscalidad más justa para reforzar la progresividad y las prestaciones ligadas a vivienda y conciliación.
- Crear mesas locales de vivienda y empleo entre servicios públicos, entidades sociales y agentes económicos para ofrecer respuestas coordinadas en barrios y comarcas tensionadas.
- Medir no solo indicadores duros, también la experiencia subjetiva de desigualdad y las renuncias cotidianas, tal como hace el propio informe.
Aragón y Zaragoza: la desigualdad que también se vive cerca
El informe Vivir la desigualdad 2025 no habla de comunidades autónomas, pero su reflejo en Aragón y Zaragoza es evidente. La sensación de que vivir cuesta más aunque se trabaje igual o más atraviesa todas las realidades sociales, con un denominador común: el peso de la vivienda y la precariedad laboral.
En Aragón, los datos confirman la tendencia. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024:
- Casi tres de cada diez hogares reconocen tener dificultades para llegar a fin de mes.
- Un catorce por ciento ha tenido que recurrir a ayudas públicas o de entidades sociales para pagar alquileres o suministros.
- Entre los menores de treinta y cinco años, más del sesenta por ciento vive de alquiler o comparte vivienda por no poder acceder a la compra.
En Zaragoza, el alquiler se ha convertido en el factor más visible de desigualdad urbana. Desde 2019 los precios han subido más de un treinta por ciento, mientras los salarios apenas un diez, lo que hace que muchos hogares dediquen más del cuarenta por ciento de sus ingresos a la vivienda. Esta sobrecarga, que afecta especialmente a jóvenes y mujeres, se traduce en renuncias diarias: posponer gastos médicos, reducir ocio, asumir segundos empleos o volver al hogar familiar.
El informe FOESSA Aragón 2024 llega a la misma conclusión que Oxfam Intermón: cada vez hay más personas con empleo pero sin estabilidad económica. El estudio revela un crecimiento sostenido de los llamados “trabajadores pobres”, personas que trabajan pero cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos. La temporalidad, la parcialidad involuntaria y los bajos salarios se combinan con el encarecimiento de la vivienda y la inflación, generando una nueva forma de exclusión que ya no se asocia únicamente al desempleo, sino a la precariedad laboral.
En los barrios con menores niveles de renta como Delicias, San José, Las Fuentes o Torrero, los equipos de intervención social perciben un aumento de casos de endeudamiento, ansiedad por el alquiler y precariedad energética. En cambio, zonas como Romareda o Casablanca duplican los ingresos medios y concentran la propiedad inmobiliaria, reproduciendo un mapa urbano de desigualdad que coincide con el que la ciudadanía describe en el informe de Oxfam Intermón.
Más allá de Zaragoza, la desigualdad también se manifiesta de forma territorial. En Teruel y parte del Pirineo oscense, la falta de vivienda disponible, de transporte público y de servicios básicos refuerza la exclusión rural y la despoblación. En esas zonas, la desigualdad se vive menos como pobreza visible y más como ausencia de oportunidades.
Desde la intervención social, este panorama plantea retos inmediatos: coordinar vivienda y empleo, diseñar itinerarios más cortos y efectivos y fortalecer la mediación para evitar que la precariedad laboral derive en exclusión residencial. En palabras de muchos profesionales, la pobreza ya no siempre está en el desempleo, sino en los trabajos que no permiten vivir con dignidad.
Recomendaciones operativas para equipos de empleo e intervención
- Mapear de forma mensual y local la tensión de vivienda y cruzarla con las ofertas laborales para orientar búsquedas hacia sectores y zonas que permitan sostener alquiler sin sobrecarga.
- Priorizar certificaciones rápidas con impacto salarial en sectores con demanda estable.
- Incorporar módulos breves de educación financiera y derechos laborales para reducir endeudamiento y mejorar la negociación de condiciones.
- Establecer un circuito fluido con recursos de ayudas al alquiler, bonos sociales, mediación y asesoría jurídica.
- Monitorizar indicadores de renuncias en el seguimiento, como gasto sanitario pospuesto, deudas de suministros o cambios forzados de domicilio, y actuar de forma preventiva.
Conclusión
Vivir la desigualdad 2025 nos recuerda que la desigualdad en España se sufre cada mes cuando toca pagar el alquiler, cuando se renuncia a ir al dentista o cuando, aun con trabajo, no se llega a fin de mes.
La vivienda se ha convertido en el termómetro más claro de esa experiencia. La buena noticia es que existe margen de política pública y de intervención social para amortiguar el golpe y reconstruir movilidad social.
Poner la vivienda en el centro, mejorar salarios y estabilizar jornadas, y coordinar respuestas locales puede marcar la diferencia en poco tiempo.