Por Diego 
Cuando hablamos de matrimonio infantil solemos mirar lejos. África subsahariana, Asia meridional, pobreza extrema, tradiciones que nos parecen ajenas. Sin embargo, aunque la dimensión del problema es global, la responsabilidad es local.
Porque España no es un territorio aislado. Y porque los derechos de la infancia no admiten excepciones culturales.
Una realidad global que sigue siendo masiva
Según datos de UNICEF, más de 640 millones de mujeres vivas hoy se casaron antes de cumplir los 18 años. Cada año millones de niñas siguen siendo obligadas a contraer matrimonio, especialmente en contextos marcados por pobreza estructural, desigualdad de género y falta de acceso a la educación.
El matrimonio infantil está vinculado a:
- Abandono escolar.
- Embarazos precoces.
- Mayor riesgo de violencia de género.
- Dependencia económica crónica.
- Problemas graves de salud física y mental.
En la mayoría de los casos no existe consentimiento libre. Existe presión, miedo o imposición directa.
No estamos ante una costumbre más. Estamos ante una vulneración de derechos humanos.
El marco legal en España
En España el matrimonio infantil como tal está prácticamente erradicado en el plano registral.
Antes de la reforma del Código Civil de 2015 todavía se registraban algunos matrimonios con menores de edad, aunque eran residuales. Tras la modificación legal, que elevó la edad mínima y eliminó la dispensa judicial para menores de 16 años, los matrimonios infantiles prácticamente desaparecieron de los registros civiles.
Actualmente, el artículo 46 del Código Civil establece que no pueden contraer matrimonio los menores no emancipados, lo que en la práctica fija la mayoría de edad como referencia general.
Además, el artículo 172 bis del Código Penal tipifica expresamente el matrimonio forzado. Se castiga a quien, mediante violencia, intimidación grave o engaño, obligue a otra persona a contraer matrimonio. También se contempla el traslado al extranjero con esta finalidad.
No hablamos solo de una irregularidad administrativa. Hablamos de un delito.
Datos institucionales y alertas en España
La Fiscalía General del Estado ha señalado en distintas memorias anuales que los casos de matrimonio forzado detectados en España son numéricamente reducidos, pero existen. En muchas ocasiones aparecen vinculados a traslados al extranjero o a contextos de presión familiar intensa.
El Ministerio de Igualdad incluye el matrimonio forzado dentro de las formas de violencia contra las mujeres reconocidas en la normativa española y en los planes estratégicos contra la violencia de género.
La cifra no es masiva. Pero el problema no se mide solo en volumen estadístico, sino en la gravedad de cada caso. Un solo menor obligado a casarse ya supone una vulneración grave de derechos fundamentales.
Negar la existencia del problema porque no es cuantitativamente elevado sería un error. Pero sobredimensionarlo también lo sería. Lo responsable es reconocer que existe y abordarlo con rigor.
La dimensión social: cuando el menor deja de ser sujeto
Cuando un menor es obligado a contraer matrimonio por conveniencia, estamos ante algo más profundo que una infracción legal.
Estamos ante:
- La ruptura del proyecto vital propio.
- La instrumentalización del menor como herramienta de cohesión familiar, económica o de estatus.
- La negación del derecho a decidir sobre el propio cuerpo y el propio futuro.
- Una forma de violencia estructural.
Desde la intervención social estos casos rara vez se presentan de forma explícita. Aparecen como abandono escolar repentino, aislamiento, viajes inesperados al país de origen familiar o miedo a determinadas conversaciones.
El consentimiento bajo presión emocional, dependencia económica o amenaza implícita no es consentimiento real.
Y aquí conviene ser claros. Proteger a un menor frente a un matrimonio forzado no es atacar una cultura. Es defender derechos fundamentales recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en nuestro propio ordenamiento jurídico.
España no puede limitarse a reaccionar
La prevención requiere:
- Formación específica en centros educativos.
- Protocolos claros en servicios sociales.
- Coordinación con fiscalía de menores.
- Trabajo comunitario que combine mediación intercultural y firmeza en la defensa de derechos.
- Intervención temprana ante riesgo de traslado al extranjero.
España ha avanzado en el plano normativo. Eso es un hecho. Pero la protección real no se mide solo en leyes publicadas en el BOE, sino en la capacidad de detectar, prevenir e intervenir antes de que el daño sea irreversible.
La infancia no es una cuestión cultural negociable. Es un límite jurídico y ético.