El preacuerdo del III Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social, anunciado por UGT y CCOO tras meses de bloqueo, llega como un alivio esperado por miles de profesionales del sector. La negociación había alcanzado un punto crítico debido a la rigidez de las patronales y al desgaste acumulado por unas plantillas que llevan demasiado tiempo sosteniendo servicios esenciales con condiciones laborales por debajo de lo que exige la responsabilidad del puesto. Que el texto definitivo vaya a firmarse el día veintidós de diciembre permite respirar y evita que el convenio quede atrapado en una prórroga indefinida que solo habría agravado la precariedad. Aun así, la valoración honesta es clara. El avance es real, pero queda muy lejos de lo necesario para dignificar de verdad el sector.
Resultados principales del preacuerdo
Entre las mejoras acordadas destacan una subida salarial global del quince por ciento para el periodo 2026 a 2029, con un incremento específico del quince coma cinco por ciento para el Grupo 4, además de la reducción de jornada hasta las mil seiscientas noventa y cinco horas anuales. Son logros importantes que responden a reivindicaciones históricas y que no se habrían alcanzado sin la presión colectiva y la movilización sindical. Representan un salto cualitativo respecto a años anteriores, aunque siguen siendo insuficientes para revertir una pérdida de poder adquisitivo que supera con creces las cifras pactadas.
Lo que queda fuera del preacuerdo y por qué es grave
La ausencia del complemento de penosidad
Una de las carencias más significativas es la negativa a reconocer un complemento de penosidad para los puestos de intervención directa. En estos servicios se trabaja a diario con situaciones de violencia, exclusión social, salud mental deteriorada o pobreza extrema. El desgaste emocional es evidente y su impacto en la salud de las plantillas no se puede ignorar. La decisión de no incorporarlo muestra una falta de voluntad para valorar la dureza real de muchos recursos.
El rechazo a un complemento por formación especializada
Tampoco se ha aceptado un complemento que reconozca la formación de postgrado. Esto habría dignificado la profesionalización del sector y reforzado una intervención basada en conocimientos y evidencia. La negativa vuelve a mostrar la distancia entre la responsabilidad técnica que se exige y el valor que se reconoce en la mesa de negociación.
Contexto de movilización y presión sindical
Las patronales mantuvieron una postura muy rígida durante toda la negociación hasta el punto de forzar a UGT y CCOO a denunciar públicamente el bloqueo en noviembre. Ambos sindicatos advirtieron que, de no avanzar, iniciarían acciones de presión y movilización. Esa presión colectiva ha sido determinante para alcanzar este preacuerdo limitado, que surge más por la insistencia de las plantillas que por voluntad real de las patronales.
La realidad laboral del sector que explica por qué es insuficiente
Para comprender por qué este preacuerdo sabe a poco es imprescindible mirar la situación laboral del sector.
- Los salarios se encuentran entre los más bajos del país incluso para puestos que exigen titulación universitaria y una alta responsabilidad técnica.
- La temporalidad sigue siendo muy elevada debido a contratos dependientes de subvenciones y licitaciones que se renuevan año a año.
- Las cargas de trabajo son intensas y se observa un nivel elevado de estrés, desgaste emocional y rotación de personal.
- Existe una brecha entre las funciones reales que se desempeñan y las categorías profesionales que se asignan, lo que dificulta una remuneración justa.
- El sector arrastra una pérdida de poder adquisitivo acumulada durante más de una década que no se corrige de forma plena con las subidas recogidas en el preacuerdo.
Valoración final: un paso necesario, pero no suficiente
Es legítimo alegrarse de que el sector avance y de que el día veintidós se firme un texto que desbloquea una negociación estancada durante demasiado tiempo. Es un punto de partida importante y permite respirar. Sin embargo, también hay que ser claros. No es una victoria plena ni transforma la estructura precarizada del sector. Es una mejora necesaria, pero limitada, que debe servir para seguir presionando por un convenio realmente digno y por un reconocimiento acorde al valor profesional, técnico y humano de la intervención social en España.

