Por Diego 
Mari Carmen ha sido desahuciada a los 87 años de la vivienda en la que había vivido durante 71 años. Su caso tiene una explicación jurídica y una resolución judicial firme. Pero cuando termina la discusión sobre contratos, subrogaciones y plazos comienza otra pregunta que también merece respuesta: qué ocurre con las personas cuando el derecho a recuperar una propiedad y el derecho a tener un lugar donde vivir terminan chocando.
Mari Carmen Abascal llegó a aquella casa del barrio madrileño de Retiro en 1956. Tenía 17 años. Allí vivió con sus padres, allí transcurrió prácticamente toda su vida y allí pensaba seguir viviendo. Setenta y un años después, el 23 de septiembre de 2026, salió de la vivienda en camilla tras ejecutarse definitivamente su desahucio. Tenía 87 años, una discapacidad reconocida del 50 % y problemas de movilidad. Después fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada y en observación tras el impacto de lo sucedido.
La imagen resulta difícil de separar del debate sobre vivienda que atraviesa España. Pero el caso de Mari Carmen tiene algo que obliga a mirar un poco más allá de las cifras, de los precios del alquiler e incluso del propio procedimiento judicial. Porque una cosa es preguntarnos si el desahucio podía ejecutarse legalmente y otra diferente preguntarnos si una sociedad debería llegar hasta ese punto sin haber encontrado antes una solución adecuada para una persona en esa situación.
La resolución judicial tiene una explicación
Conviene empezar por aquí porque convertir este caso simplemente en la historia de unos jueces que decidieron echar a una mujer mayor de su casa sería reducir demasiado lo ocurrido. El contrato original de la vivienda se firmó en 1956 y pasó posteriormente por dos subrogaciones, primero a la madre de Mari Carmen y después, tras su fallecimiento en 2005, a ella. La Audiencia Provincial de Madrid concluyó que esa segunda subrogación no podía mantenerse durante toda su vida porque la legislación establece determinados límites y exige, para una de las excepciones aplicables, una discapacidad de al menos el 65 %. Mari Carmen tiene reconocido un 50 %.
El Tribunal Supremo inadmitió posteriormente su recurso y la resolución quedó firme. Es decir, hay detrás un procedimiento judicial, una legislación aplicable y una resolución que terminó permitiendo recuperar la vivienda a su propietario. Reconocerlo no obliga a terminar ahí la reflexión. Los tribunales resuelven conflictos aplicando las leyes. No pueden sustituir con sus sentencias las políticas de vivienda, los servicios sociales, las alternativas habitacionales ni las decisiones que corresponden a otras instituciones. Y precisamente ahí es donde el caso de Mari Carmen deja de ser solamente un asunto judicial para convertirse en una cuestión social. La Justicia puede haber actuado conforme a la ley. Eso no significa necesariamente que el resultado sea socialmente justo.
Una casa no son solamente cuatro paredes
En vivienda hablamos continuamente de metros cuadrados, alquileres, hipotecas, contratos, precios y propiedades. Son elementos fundamentales, pero una vivienda es también otra cosa: es el lugar desde el que organizamos nuestra vida. Mari Carmen llevaba 71 años en la misma casa. Su barrio, sus recorridos cotidianos, sus comercios, sus vecinos, sus objetos y sus recuerdos estaban vinculados a ese espacio. Cuando hablamos de una persona de 87 años, además, el entorno conocido puede tener una importancia especialmente grande para mantener autonomía, relaciones sociales y seguridad.
Esto no es solamente una cuestión sentimental. La preferencia mayoritaria de las personas al envejecer es permanecer en su hogar mientras sea posible, incluso cuando aparecen nuevas necesidades de apoyo y cuidados. Mantener el entorno conocido forma parte también de una forma de entender el envejecimiento basada en la autonomía y en la capacidad de decidir sobre la propia vida. Por eso resulta insuficiente pensar que cualquier techo constituye automáticamente una alternativa equivalente.
Una plaza en una residencia puede ser un recurso adecuado para una persona que necesita cuidados residenciales y desea recibirlos de esa manera. Pero cumplir 87 años no convierte automáticamente una necesidad de vivienda en una necesidad de institucionalización. Una persona mayor continúa teniendo derecho a decidir dónde y cómo quiere desarrollar su vida mientras pueda hacerlo.
El problema comienza mucho antes del desahucio
La escena final concentra todas las miradas. Una mujer mayor, una comisión judicial, policías, vecinos intentando impedir el lanzamiento y finalmente una ambulancia. Pero los problemas sociales rara vez empiezan en el momento en que se hacen visibles.
Antes hubo años de conflicto, varios intentos de desahucio, negociaciones que no consiguieron una solución y distintas propuestas que no permitieron cerrar el problema. Incluso poco antes del lanzamiento hubo una persona que se ofreció a asumir económicamente la diferencia necesaria para que Mari Carmen pudiera continuar en la vivienda. Tampoco se alcanzó un acuerdo.
Eso permite formular una pregunta importante sin necesidad de discutir la resolución judicial: ¿cómo puede nuestro sistema llegar hasta el día del lanzamiento sin haber encontrado una alternativa aceptable para una mujer de 87 años, con discapacidad, problemas de movilidad y que lleva prácticamente toda su vida en la misma vivienda?
Esa pregunta no corresponde únicamente a un juzgado. Afecta al sistema de vivienda, a la protección social, a los servicios sociales, a las administraciones públicas y a nuestra capacidad colectiva para anticiparnos a situaciones de vulnerabilidad antes de que terminen convertidas en una emergencia. Porque probablemente el fracaso no se produjo el día en que Mari Carmen salió de su casa en una camilla. El fracaso había comenzado mucho antes, cuando ninguna de las soluciones disponibles consiguió evitar que se llegara hasta allí.
Mari Carmen tampoco es una excepción aislada
Su historia ha tenido una repercusión extraordinaria por sus circunstancias y por las imágenes de su desahucio. Pero detrás existe un problema de vivienda mucho más amplio. Durante el primer trimestre de 2026 se practicaron en España 4.005 lanzamientos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Son situaciones diferentes entre sí y no todas pueden compararse directamente con la de Mari Carmen, pero muestran que perder una vivienda continúa formando parte de la realidad de miles de hogares.
Al mismo tiempo, acceder a otra vivienda se ha convertido en una dificultad creciente. La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística correspondiente a 2025 señala que, entre quienes habían buscado vivienda durante el año anterior sin conseguir cambiarse, el 67,2 % identificaba el precio excesivo como el principal motivo.
Ahí aparece el problema que convierte un desahucio en algo mucho más grave que tener que cambiar de domicilio. Si perder una vivienda sucede en un mercado en el que encontrar otra resulta difícil o económicamente imposible, la vulnerabilidad aumenta. Y aumenta todavía más cuando hablamos de personas mayores, con discapacidad, con problemas de salud, con ingresos limitados o con redes familiares y sociales construidas durante décadas alrededor del lugar donde viven. El problema de la vivienda no consiste únicamente en que los precios sean elevados. Consiste también en que cuando una persona pierde su hogar puede encontrarse con que ya no existe una alternativa a la que pueda acceder en condiciones razonables.
La legalidad no puede ser el final de la conversación
Podemos aceptar que existe una resolución judicial firme y, al mismo tiempo, preguntarnos por las consecuencias sociales que produce el marco en el que esa resolución se ejecuta. No son cuestiones incompatibles.
El propietario tiene derechos reconocidos por la legislación. La persona que vive en una vivienda también tiene necesidades y derechos que las políticas públicas deben proteger. Cuando ambos entran en conflicto, la función de una sociedad no consiste únicamente en determinar quién tiene jurídicamente razón. También consiste en disponer de mecanismos capaces de evitar que una persona vulnerable quede sin una alternativa adecuada.
Eso es especialmente importante cuando hablamos de personas mayores. La edad no debería servir para restar importancia a la pérdida de una vivienda bajo la idea de que cualquier recurso asistencial puede sustituirla. Precisamente porque hablamos de una etapa de la vida en la que los cambios pueden resultar más difíciles, puede ser todavía más importante conservar aquello que proporciona estabilidad, autonomía y sentido de pertenencia.
Mari Carmen no quería simplemente conservar un contrato. Quería seguir viviendo en su casa. Y quizá esa idea sea suficiente para comprender por qué este caso ha provocado una reacción que va mucho más allá de una discusión sobre arrendamientos.
El caso todavía no ha terminado
Después del desahucio, la empresa propietaria planteó al Ayuntamiento de Madrid incorporar la vivienda a un programa municipal para que Mari Carmen pudiera regresar con un alquiler asequible. La Empresa Municipal de la Vivienda consideró que esa propuesta concreta no cumplía los requisitos del programa, aunque se abrió una vía de mediación para intentar encontrar otra solución.
Quizá Mari Carmen pueda volver o quizá termine encontrándose otra alternativa. Su situación todavía puede cambiar. Pero nada de eso elimina la imagen de una mujer de 87 años saliendo en camilla de la casa en la que había vivido desde los 17.
Y probablemente ahí se encuentre la pregunta más importante que deja este caso: no solamente qué dice la ley cuando un contrato termina, sino qué mecanismos tenemos como sociedad para que cumplirla no signifique olvidarnos de la persona que hay al otro lado de la puerta. Porque hablar del derecho a la vivienda también consiste en hablar de precios, contratos, propiedad y legislación, pero antes que todo eso consiste en hablar de personas.
Nota sobre la imagen: La imagen destacada es una ilustración generada con inteligencia artificial para OrientacionSocial.info y no corresponde a una fotografía real del desahucio de Mari Carmen. Se ha optado por una imagen ilustrativa para respetar los derechos de autor de las fotografías realizadas por profesionales y publicadas por los distintos medios de comunicación.