Por Diego 
El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. El texto modifica de forma importante el sistema que conocemos hasta ahora y afecta tanto a los procedimientos para reconocer la dependencia como a los servicios que puede recibir una persona, la compatibilidad entre ellos, la atención en el domicilio, la teleasistencia, las personas cuidadoras o el reconocimiento de la discapacidad.
La tramitación parlamentaria terminó el 16 de septiembre y el siguiente paso es su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No todo empezará a aplicarse de manera inmediata. Algunas medidas necesitan desarrollo reglamentario y otras obligarán a las comunidades autónomas a modificar sus propias normas y sistemas de gestión. Por eso conviene diferenciar entre los derechos que incorpora la reforma y el momento en el que cada cambio podrá hacerse efectivo en la práctica.
Más allá de las modificaciones concretas, hay un cambio de enfoque que atraviesa buena parte del texto. La persona en situación de dependencia gana capacidad para decidir cómo quiere recibir sus cuidados y apoyos. La reforma reconoce expresamente el derecho a recibirlos de acuerdo con su voluntad, sus deseos y sus preferencias y refuerza su participación en el Programa Individual de Atención. Cuando la propuesta de los servicios sociales se aparte de lo elegido por la persona, esa decisión tendrá que justificarse.
Menos tiempo para resolver una solicitud de dependencia
Uno de los cambios más fáciles de entender afecta a los plazos. Actualmente la ley establece un plazo máximo de seis meses para resolver el procedimiento, aunque la realidad en muchas comunidades autónomas supera ampliamente ese tiempo.
La reforma reduce ese plazo legal máximo a tres meses desde la solicitud hasta la concesión de la prestación o servicio correspondiente. Además, se incorpora un procedimiento de urgencia para aquellas situaciones en las que exista una especial vulnerabilidad que justifique una respuesta más rápida.
Que la ley reduzca el plazo no significa, por sí solo, que a partir de su entrada en vigor todos los expedientes vayan a resolverse en tres meses. Las administraciones autonómicas tendrán que disponer de recursos suficientes para cumplirlo y adaptar sus procedimientos. Pero sí supone algo importante para las personas solicitantes: el plazo legal que deberá respetar la Administración será considerablemente menor.
Tener reconocida una dependencia permitirá reconocer también un grado de discapacidad
Otra de las novedades con mayor impacto práctico es la conexión entre dependencia y discapacidad.
Las personas con grado I de dependencia tendrán reconocido un 33 % de discapacidad, mientras que quienes tengan reconocido un grado II o III serán considerados personas con un 65 % de discapacidad a los efectos previstos en la legislación de discapacidad y en aquellas otras normas que expresamente lo contemplen.
Hasta ahora era perfectamente posible que una persona pasara por un procedimiento para valorar su dependencia y tuviera después que iniciar otro diferente para acreditar una discapacidad, incluso cuando ambas situaciones estaban claramente relacionadas. Con la reforma se intenta evitar parte de esa duplicidad administrativa.
Hay, sin embargo, una limitación muy importante: esa equivalencia no se extiende automáticamente al ámbito tributario. Durante la tramitación en el Senado se planteó que la asimilación permitiera también acceder a los beneficios fiscales correspondientes al grado de discapacidad reconocido, pero esa ampliación no ha quedado incorporada al texto definitivo.
Por tanto, tener un grado II de dependencia y ser considerado a determinados efectos como una persona con un 65 % de discapacidad no significa automáticamente poder aplicar todos los beneficios fiscales asociados a ese porcentaje.
Se podrán combinar servicios que hasta ahora eran incompatibles
La reforma elimina progresivamente uno de los elementos que más condicionaban los programas de atención: las incompatibilidades entre prestaciones y servicios.
Esto permitirá combinar diferentes recursos cuando respondan a las necesidades de la persona. Por ejemplo, será posible acudir a un centro de día y recibir también ayuda a domicilio, o compatibilizar determinados servicios con una prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
Las comunidades autónomas deberán adaptar sus regímenes de incompatibilidades antes del 1 de enero de 2030 para garantizar la compatibilidad de las prestaciones de base domiciliaria.
La idea es que el sistema deje de obligar a elegir entre recursos que pueden ser complementarios. Las necesidades de una persona no siempre encajan en un único servicio y pueden variar a lo largo del tiempo. Alguien puede necesitar apoyo para permanecer en su vivienda y, al mismo tiempo, acudir a un centro de día varias horas o recibir otro tipo de atención.
La ayuda a domicilio ya no termina en la puerta de casa
También cambia el concepto tradicional del Servicio de Ayuda a Domicilio.
La atención podrá desarrollarse no solamente dentro de la vivienda, sino también en el entorno comunitario próximo. Esto abre la posibilidad de que el apoyo incluya acompañamientos para actividades necesarias de la vida cotidiana, como acudir al médico, realizar determinadas gestiones o hacer la compra.
Es un cambio relevante porque la autonomía personal no depende únicamente de poder desenvolverse dentro de una vivienda. Poder salir de ella, utilizar los recursos del barrio, hacer gestiones o mantener relaciones sociales también forma parte de la vida cotidiana.
La reforma permite además formas de organización compartida de la ayuda a domicilio entre pequeños grupos de personas que viven próximas y que voluntariamente quieran utilizar esta modalidad.
La teleasistencia pasa a ser un derecho para todas las personas con dependencia
La teleasistencia también cambia de consideración.
Las personas que tengan reconocida una situación de dependencia tendrán derecho a recibir este servicio con independencia del grado que tengan. Además, la teleasistencia se configura como un servicio complementario, lo que significa que no debería sustituir por sí sola otros apoyos que la persona necesite.
La norma también plantea el uso de tecnologías y dispositivos adaptados a las necesidades de cada persona y presta especial atención a garantizar el servicio en zonas rurales o poco pobladas.
Esto permitirá incorporar al sistema a personas que hasta ahora podían encontrar dificultades para utilizar los modelos tradicionales de teleasistencia, entre ellas algunas personas con deterioro cognitivo o demencia.
Productos de apoyo prestados por el sistema
La reforma crea también un servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal.
El sistema podrá facilitar temporalmente productos necesarios para la vida diaria mediante préstamo o cesión. Aquí pueden entrar desde una cama articulada hasta un andador o determinados tipos de sillas de ruedas eléctricas. El catálogo mínimo común tendrá que ser acordado entre el Estado y las comunidades autónomas.
Es una medida especialmente interesante porque muchos de estos productos tienen un coste elevado y pueden ser necesarios solamente durante una etapa determinada de la vida de la persona.
Los cuidados podrán prestarlos personas que no sean familiares
También se amplía la idea de quién puede ser reconocido como persona cuidadora.
La prestación económica para cuidados en el entorno familiar podrá vincularse a personas que formen parte del entorno relacional aunque no exista parentesco. Puede tratarse, por ejemplo, de una pareja no casada, una amistad u otra persona cercana que realmente esté asumiendo los cuidados.
Incluso de manera excepcional podrá no exigirse la convivencia cuando exista un compromiso de cuidado sin contraprestación económica y las dos personas residan próximas.
La ley reconoce además la figura de la persona cuidadora principal, identificada dentro del Programa Individual de Atención como quien dedica más tiempo a los apoyos. Entre otras medidas, las personas cuidadoras que hayan tenido que abandonar su actividad laboral o profesional para asumir esos cuidados serán consideradas colectivo de atención prioritaria dentro de las políticas de empleo.
También deberán articularse respuestas para garantizar la continuidad de los cuidados cuando la persona cuidadora principal sufra una enfermedad grave o tenga que ser hospitalizada.
La asistencia personal gana peso dentro del sistema
La asistencia personal deja de plantearse únicamente como una prestación económica y pasa a integrarse también como servicio dentro del catálogo.
Esto permitirá que pueda ser prestada directamente por las administraciones o mediante entidades y servicios acreditados. Además, su utilización no quedará limitada a los ámbitos educativo o laboral, sino que se vincula de una manera más amplia a la vida independiente y a la participación de la persona en la comunidad.
La reforma también prevé desarrollar un marco formativo específico para los profesionales que presten este tipo de asistencia.
Nuevas alternativas para seguir viviendo en casa
Otro de los servicios que aparece en la reforma es el de cuidados y apoyos en viviendas.
Podrá desarrollarse tanto en viviendas compartidas por varias personas en situación de dependencia como en viviendas individuales próximas entre sí, permitiendo organizar determinados apoyos comunes.
La medida busca ampliar las alternativas entre dos modelos que hasta ahora han concentrado gran parte del sistema: permanecer en el domicilio con apoyos limitados o trasladarse a un centro residencial.
Al mismo tiempo, los centros de día podrán abrir parte de sus servicios hacia la comunidad. Esto puede ser especialmente importante en zonas rurales, donde un centro puede convertirse en un recurso desde el que prestar comidas, apoyos o determinados servicios a personas que continúan viviendo en sus casas.
Si el recurso elegido no está disponible, tendrá que existir una alternativa temporal
La reforma intenta responder también a una situación bastante habitual.
Una persona puede tener reconocido que necesita un determinado servicio, pero encontrarse con que no existe disponibilidad inmediata. Hasta ahora esto podía obligarla a aceptar otro recurso que no era el que quería para no quedarse sin atención.
Para las personas con grados II y III se establece la posibilidad de recibir temporalmente otra prestación o servicio acorde con sus preferencias mientras espera al recurso que le corresponde.
Por ejemplo, una persona que esté esperando una plaza residencial en una determinada localidad podrá recibir ayuda a domicilio mientras esa plaza no esté disponible.
Trabajar será compatible con recibir atención a la dependencia
La reforma también establece que recibir una prestación o servicio del sistema de dependencia será compatible con desarrollar una actividad laboral.
Es especialmente relevante para personas con discapacidad que necesitan determinados apoyos para su vida diaria pero que pueden mantener una actividad profesional. Necesitar ayuda para ciertas actividades no significa necesariamente no poder trabajar.
La norma intenta separar así dos realidades diferentes: la necesidad de apoyos para mantener la autonomía personal y la capacidad para desarrollar una actividad laboral.
La accesibilidad universal se reconoce como un derecho
La reforma de la Ley General de Discapacidad reconoce expresamente la accesibilidad universal como derecho.
Esto refuerza la posibilidad de exigir condiciones de accesibilidad en servicios, instalaciones y edificios públicos. En el ámbito de la Administración General del Estado se prevé además un programa específico para financiar actuaciones que mejoren la accesibilidad de edificios y espacios públicos.
También se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para reforzar la realización de obras de accesibilidad en edificios privados.
Cuando una persona que necesite una adaptación aporte información sobre subvenciones disponibles, la comunidad de propietarios tendrá que solicitarlas. Si las ayudas concedidas alcanzan determinados niveles respecto al coste de las obras, aumenta también la obligación de ejecutarlas. La reforma prevé incluso la posibilidad de acudir a los tribunales cuando, existiendo la obligación, la comunidad no realice las actuaciones necesarias.
Atención sin sujeciones
La nueva regulación incorpora también el derecho a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, farmacológicas o químicas.
La utilización de estas medidas queda limitada a situaciones excepcionales relacionadas con una urgencia vital y sometida a garantías y supervisión.
Este cambio afecta especialmente a determinados entornos residenciales y asistenciales y se relaciona con un modelo de cuidados basado en la autonomía y los derechos de la persona.
La financiación del sistema también cambia
La reforma incorpora a la ley la obligación de que la Administración General del Estado garantice una financiación equivalente al 50 % del gasto certificado de las comunidades autónomas, excluyendo la aportación realizada por las propias personas beneficiarias.
Este cambio coincide con el aumento de financiación aprobado mediante otras medidas durante 2026. Conviene diferenciar ambas cosas. Una parte del incremento económico procede de decisiones presupuestarias adoptadas durante este año, mientras que la reforma introduce dentro de la propia legislación de dependencia la obligación de participación estatal en la financiación.
Lo que finalmente se ha quedado fuera
La tramitación de la reforma ha sido larga y el texto que salió del Senado incorporaba cambios que finalmente no han llegado a la ley aprobada por el Congreso.
Uno de los más importantes afecta precisamente al reconocimiento automático de discapacidad. El Senado había planteado que la equivalencia entre los grados de dependencia y los porcentajes de discapacidad tuviera también efectos tributarios. De haberse mantenido, una persona con determinado grado de dependencia habría podido acceder automáticamente a los beneficios fiscales asociados al porcentaje de discapacidad equivalente. Finalmente esa extensión al ámbito tributario no forma parte de la reforma aprobada.
También quedaron fuera determinadas modificaciones fiscales relacionadas con el IVA de productos y servicios dirigidos a personas con discapacidad o dependencia. Estas propuestas formaban parte de las enmiendas incorporadas durante la tramitación del Senado que no llegaron al texto definitivo.
Otra cuestión que no se modifica en los términos planteados por el Senado es el copago. Entre las modificaciones que no llegaron al texto definitivo estaba la eliminación del copago para las personas con el denominado grado III plus, relacionado con situaciones de dependencia extrema como determinados casos de ELA y otras enfermedades neurodegenerativas que requieren cuidados continuos.
También quedó fuera la eliminación del límite de edad de 26 años de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave en determinados casos de gran discapacidad o dependencia. La reforma sí incorpora otras medidas relacionadas con esta prestación y compromisos de revisión, pero no la supresión directa de ese límite que había sido planteada durante la tramitación.
Una reforma aprobada no significa que todo cambie al día siguiente
La reforma ya ha terminado su recorrido parlamentario, pero en el momento de publicar este artículo todavía debe aparecer en el BOE.
Además, muchas de sus medidas necesitan posteriormente reglamentos, acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas, nuevos catálogos de servicios, adaptación de sistemas informáticos y cambios en las normativas autonómicas. En algunos casos la propia ley establece plazos para desarrollar estas actuaciones y las comunidades tendrán hasta 2030 para adaptar completamente el régimen de compatibilidades.
Por tanto, una persona que actualmente tenga reconocido un grado de dependencia no debe entender que desde el día siguiente a la aprobación parlamentaria puede solicitar automáticamente cualquiera de los nuevos servicios.
Habrá que prestar atención a la publicación definitiva en el BOE y, posteriormente, a la forma en la que cada comunidad autónoma adapte sus procedimientos.
Lo que sí está ya decidido es hacia dónde cambia el sistema: menos incompatibilidades, más posibilidades de permanecer en el domicilio, una mayor combinación de servicios, reducción de trámites, reconocimiento de nuevas formas de cuidado y más capacidad de decisión para las propias personas que necesitan apoyos.
En OrientacionSocial.info iremos actualizando la información conforme se publique la norma definitiva y las administraciones desarrollen los procedimientos necesarios para solicitar cada uno de estos nuevos derechos.