Por Diego 
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, actualmente en proceso de aprobación, no es una cuestión meramente técnica o de convenios. Se trata de un paso significativo hacia un modelo de trabajo más justo y sostenible, con repercusiones sociales que van mucho más allá del ámbito empresarial.
En primer lugar, supone un avance real en materia de conciliación. Disponer de más tiempo fuera del trabajo es una necesidad creciente en una sociedad en la que las exigencias familiares, educativas y de cuidados recaen de manera desigual. Reducir la jornada contribuye a equilibrar estos espacios y a mejorar la calidad de vida de millones de personas trabajadoras.
Pero hay un impacto especialmente relevante que suele quedar en segundo plano: el que afecta a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Los empleos menos cualificados, en los que se concentra gran parte de la población migrante, personas en exclusión social o con menos oportunidades, son los que más pueden beneficiarse de esta medida. Cuando una empresa necesita mantener la misma carga de trabajo, la reducción de jornada obliga a repartir las horas entre más personas. Y ese reparto se traduce en más puertas abiertas para quienes hoy encuentran enormes dificultades para acceder a un contrato.
Esto no es solo un ajuste de horarios, es una oportunidad de inclusión. Significa dar un respiro a quienes cargan con dobles o triples jornadas para poder sobrevivir, y supone que quienes están fuera del mercado laboral tengan más opciones de entrar en él. La reducción de jornada puede convertirse así en una palanca para que personas migrantes y en situación de exclusión pasen de la marginalidad a la participación plena en la sociedad a través del empleo.
Por eso, las políticas sociales deben pivotar en torno a un eje claro: favorecer el acceso de las personas al mercado laboral. No basta con ayudas puntuales o medidas de emergencia. Lo que cambia la vida de una persona vulnerable es un trabajo digno, con derechos y con la estabilidad suficiente para poder construir un proyecto vital.
Al mismo tiempo, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que la reducción de la jornada se cumpla de manera efectiva. No debe suponer pérdida de salario, sino todo lo contrario: una subida indirecta. Mantener el mismo sueldo trabajando menos horas significa que cada hora trabajada vale más. Los sindicatos, a través de los Comités de Empresa, las delegadas y delegados sindicales y de personal, tienen un papel esencial en la vigilancia y el control para que las empresas respeten esta norma y para que no se convierta en papel mojado.
No es la solución definitiva, pero sí un paso firme. El horizonte debe seguir siendo alcanzar las 35 horas, como ya ocurre en otros países europeos. El tiempo de trabajo no puede seguir siendo una variable intocable mientras aumenta la productividad y se amplían las desigualdades.
Las críticas que se escuchan en contra de esta medida no son nuevas. Vienen en gran parte impulsadas por quienes ven amenazados privilegios o beneficios a costa del esfuerzo de la mayoría. La historia demuestra que cada avance en derechos laborales, desde las vacaciones hasta la jornada de ocho horas, fue recibido con la misma oposición. Y sin embargo hoy nadie se atrevería a cuestionar esos logros.
La reducción de la jornada a 37,5 horas no es un regalo. Es justicia social. Es inclusión. Es abrir camino a quienes hoy están en los márgenes para que puedan formar parte, en igualdad, de la sociedad y del mercado laboral.