Por Diego 
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que permitirá derivar a los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias hacia otras comunidades autónomas cuando la capacidad de acogida en las islas supere el 150 %. La medida busca aliviar la saturación de los centros y garantizar que estos niños y adolescentes reciban una atención digna. No es un mero trámite administrativo, sino un paso necesario para que la solidaridad se traduzca en hechos.
Quienes llegan en patera a Canarias lo hacen en condiciones extremas, tras haber arriesgado la vida en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Las embarcaciones suelen ir sobrecargadas, sin agua ni alimentos suficientes, con enfermedades a bordo y, en demasiadas ocasiones, con pérdidas humanas durante el trayecto. Esa realidad nos recuerda que lo que empuja a miles de personas a cruzar el Atlántico no es un capricho, sino la desesperación.
El Informe de Seguridad Nacional de 2024 reveló que la mayoría de quienes desembarcan en Canarias provienen del Sahel, una región golpeada por la inseguridad, el terrorismo, los golpes de Estado y la falta de alimentos. Huir de la pobreza, del hambre o de la guerra no solo es legítimo, es un acto de supervivencia. Ante esa evidencia, el deber moral y legal de los países de acogida es responder con humanidad.
Los migrantes no vienen a quitarnos nada: vienen a aportar. La evidencia demuestra que su participación en el mercado laboral es esencial para sostener servicios públicos, para cubrir sectores que necesitan mano de obra y para rejuvenecer sociedades que envejecen a pasos agigantados. Además, traen consigo riqueza cultural: nuevas lenguas, costumbres, gastronomía, tradiciones y saberes que hacen de España un país más plural y más abierto al mundo.
En este contexto, los llamados MENA, menores extranjeros no acompañados, deben ser entendidos como lo que son: niños y adolescentes en una situación de vulnerabilidad extrema. No son una amenaza, son infancia. Y como cualquier otro menor, merecen protección, cuidados y oportunidades para construir un futuro. El acogimiento familiar y los programas de inclusión son vías eficaces para que puedan crecer en entornos seguros y estables.
Con este Real Decreto de derivación, el Gobierno da un paso que, esta vez sí, apunta en la dirección correcta. Permite distribuir responsabilidades entre todas las comunidades y demuestra que la solidaridad no puede recaer solo sobre territorios de frontera. Es una manera de reconocer que la gestión migratoria es un reto compartido que requiere unidad, recursos y, sobre todo, voluntad política.
Acoger no nos empobrece, nos enriquece. Defender los derechos de quienes llegan en busca de una vida mejor es defender los valores democráticos y humanitarios que nos definen como sociedad. Este decreto es una oportunidad para demostrar que la España que queremos construir no es la del miedo ni la del rechazo, sino la de la empatía, la justicia y la solidaridad.